La Unión Europea ha decidido imponer tarifas de importación de entre un 17,4% y un 38,1%. a los vehículos eléctricos fabricados en China, en función de las distintas marcas y de su nivel de cooperación con la investigación que pretendía determinar los subsidios públicos gubernamentales que cada compañía había recibido.

El resultado será pronto evidente: los vehículos eléctricos chinos, que como resultado de importantes inyecciones de dinero público para hacer sus empresas más productivas y facilitar la transición hacia la descarbonización, están entre los más baratos y los mejores del mundo, serán pronto más caros para los ciudadanos europeos. El movimiento de la Unión Europea sigue a una decisión similar de los Estados Unidos, que el pasado mes de mayo anunció tarifas a los vehículos eléctricos chinos que podrían llegar al 100% para proteger a la industria del automóvil norteamericana.

La decisión suscita una controversia interesante: si bien el uso de subsidios públicos para favorecer a las compañías de un país es una práctica que, por lo general, se ha considerado permanentemente como una distorsión de la competencia y se ha tratado de equilibrar a través de tarifas a la importación, resulta muy curioso que el gobierno chino haya decidido aplicar el uso de su dinero público precisamente a las tecnologías y sectores que más favorecen la descarbonización, mientras que los gobiernos occidentales tienden más a utilizarlo para otras cuestiones.